La Asociación Española de Normalización, UNE, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), organizó un encuentro con expertos para dar a conocer la recién publicada Norma UNE-EN 17687 Contratación pública. Integridad y rendición de cuentas. Requisitos y orientación. Este estándar proporciona requisitos y directrices para organizaciones compradoras, con respecto a la integridad y rendición de cuentas en los procesos de contratación pública, incluyendo desde la identificación de las necesidades hasta la entrega de bienes, servicios o contratos de trabajo. Las normas técnicas son aliadas estratégicas de las Administraciones en el despliegue de las políticas públicas y en el desarrollo de la reglamentación, facilitando su cumplimiento.
La falta de compromiso con los principios fundamentales de integridad, rendición de cuentas y transparencia en la contratación pública puede crear espacio para la corrupción, socavar la eficacia de los servicios públicos y tener un impacto negativo en la rentabilidad del gasto público y en los ciudadanos. Los riesgos relacionados con la corrupción y el fraude son aspectos importantes de la contratación pública en el ámbito mundial.
La nueva norma dedica un capítulo a la gestión de riesgos durante el proceso de contratación pública, al haberse identificado muchos riesgos en términos de integridad y rendición de cuentas que la organización compradora debe identificar y evaluar.
Otro de los aspectos relevantes de la Norma UNE-EN 17687 es el capítulo dedicado al personal, alineado con la Estrategia Nacional de Contratación Pública. Señala la necesidad de incrementar la profesionalización de los agentes públicos que participan en los procesos de contratación como medio de mejorar la eficiencia de la contratación en aras de un crecimiento inteligente, sostenible e integrado. En este sentido, la norma establece requisitos como el que la organización compradora debe contar con un código de conducta, o el de desarrollar procesos para prevenir y detectar el fraude y la corrupción en su seno (incluido el mecanismo de denuncia de irregularidades), basados en los resultados de la evaluación de riesgos junto a la recomendación de establecer un sistema de sanciones eficaz, entre otros.
En el marco del organismo europeo de normalización (CEN)
Este documento se ha elaborado en el seno del organismo europeo de normalización, CEN, del que UNE es el miembro español. Los trabajos de seguimiento e influencia en el desarrollo del documento se han llevado a cabo en el subcomité UNE de Contratación pública que forma parte de la estructura del Comité UNE de Ética, gobernanza y responsabilidad social de las organizaciones (CTN 165), en el que participan cerca de 50 organizaciones del ámbito público y privado, entre ellas, varias asociaciones sectoriales, grandes empresas, pymes, que han trabajado bajo los principios de apertura, transparencia, consenso y colaboración público-privada, y que son los garantes del proceso de elaboración de normas UNE.
El CTN 165 es el responsable de la normalización en los ámbitos de ética, gobernanza y responsabilidad social de las organizaciones y de las actividades profesionales, como herramienta para el desarrollo sostenible. Incluye la gestión del compliance, la gestión ética y de valores, los códigos éticos profesionales, la bioética y los instrumentos socialmente responsables, con el fin de desarrollar normas técnicas o estándares que ayuden a las organizaciones a afrontar los desafíos globales, entre los que figura el buen gobierno.
Contratación pública, cerca del 20% del PIB en España
La contratación pública, que representa alrededor del 20 % del PIB de España, es un instrumento fundamental para que el sector público se provea, en colaboración con el sector privado, de los bienes y servicios necesarios para el ejercicio de sus competencias. Su importancia también reside en su relevancia desde el punto de vista económico, habida cuenta de su peso en el PIB y en el conjunto del gasto del sector público.
En los últimos años, la regulación jurídica de esta materia ha sufrido numerosas modificaciones, algunas de importante calado, para adaptarse tanto a la situación de crisis económica como para cumplir con las exigencias del derecho europeo.
El marco regulatorio de la Unión Europea (UE) sobre contratación pública y la legislación nacional aplicable ofrecen un sólido mecanismo preventivo contra la aparición de posibles irregularidades. La nueva generación de directivas de la UE adoptadas en 2014 subraya aún más la necesidad de una mayor integridad y la inclusión de normas específicas para situaciones de conflicto de intereses y requisitos más estrictos sobre la exclusión de proveedores.
En este escenario, el pasado 8 de febrero, se publicó la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026 (ENCP), aprobada en diciembre de 2022 por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), cuya finalidad es abordar los aspectos que menciona el artículo 334 de la Ley de Contratos del Sector Público para establecer una serie de medidas y actuaciones que permitan cumplir los objetivos que este precepto menciona. Uno de los objetivos de la ENCP es combatir la corrupción y las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública.
