El debate sobre las brechas de todo tipo existentes entre el mundo urbano y metropolitano respecto de las zonas rurales o más periféricas constituye un tema de máxima actualidad. Más aún en el contexto del cambio climático y de las decisiones que hay que tomar y acometer para lograr un crecimiento económico que sea sostenido, inclusivo y sostenible a la vez.
El fenómeno de la “España vaciada” expresa este gran desequilibrio interno que acaba por expulsar de las oportunidades de progreso económico y social a importantes segmentos de la población, o bien les fuerza a las “migraciones interiores” hacia las grandes áreas metropolitanas en busca de una mejor calidad de vida, oferta de servicios u oportunidades laborales.
El envejecimiento de la población, por el éxodo forzado hacia las metrópolis, y el difícil acceso a otros servicios básicos (educación o salud) son elementos fundamentales en la desconexión y desigualdad rural que solo podremos resolver con políticas que anclen riqueza y actividad al territorio y que faciliten un crecimiento vertebrador para combatir desigualdades no solo entre regiones de un mismo país, sino también entre países de una misma zona.
Para lograr un crecimiento más inclusivo y sostenible es fundamental que todas las personas tengan acceso en condiciones equiparables a oportunidades, empleos y servicios, independientemente del lugar de residencia. Desde el año 2007, más de la mitad de la población mundial vive ya en ciudades y se espera que este porcentaje alcance el 60% en 2030. Este crecimiento de las grandes urbes –en ocasiones rápido y desordenado como vemos en muchas regiones del planeta—reproduce gran parte de los problemas de sostenibilidad globales al provocar ineficiencias y sus propias desigualdades.
La contaminación, el desplazamiento de sectores sociales más vulnerables, el incremento de la pobreza e inseguridad urbana o el aumento a veces insostenible del tráfico son solo algunas de las consecuencias directas de la expansión de las ciudades.
“Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”, reza el ODS 11 de Naciones Unidas, que ello sea posible pasa en buena medida por frenar la urgencia de las migraciones internas del mundo rural al urbano.
“Las infraestructuras de conectividad son un facilitador de la cohesión territorial y del anclaje de actividad económica y social”
Hoy -gracias de modo muy fundamental a la ubicuidad que nos ofrecen la conectividad y las telecomunicaciones- es pensable y factible un crecimiento económico y social más próximo y anclado en el territorio. El acceso por medios telemáticos a recursos formativos, de salud, culturales, financieros es fundamental para facilitar una movilidad más eficiente y sostenible.
Se trata de asegurar la posibilidad de un progreso social y económico inclusivo para aquellos que decidan permanecer en el ecosistema de poblaciones y ciudades más periféricas, o que incluso permita revertir este fenómeno de la migración interna, movilizando riqueza y actividad hacia la geografía “vaciada”.
Las infraestructuras de conectividad constituyen un facilitador de la cohesión territorial y del anclaje de actividad económica y social y de la mano de esta conectividad distribuida, tienen el potencial de dinamizar nuevas centralidades.
