Bajo la premisa de la búsqueda de la soberanía digital y la no dependencia de proveedores externos, la Comisión Europea anunció ayer su propuesta de revisión de la Ley de Ciberseguridad (CSA). El nuevo texto introduce varias modificaciones y un cambio considerable en la forma de abordar esta cuestión: actuar de forma coordinada en todo el continente respecto a las cadenas de suministro TIC. Esto se traduce en la posibilidad de imponer medidas obligatorias de reducción de riesgos en base a contar con proveedores considerados peligrosos o, como indica la norma, de "alto riesgo". Así pues, la idea es llevar a cabo evaluaciones de riesgo conjuntas y en función de ese análisis definir medidas de mitigación proporcionadas, incluyendo la prohibición de utilizar componentes de determinados fabricantes en activos clave. Además, la CE puede identificar países potencialmente "peligrosos" y hacer una lista de empresas vinculadas a ellos que serían vetadas.
Una propuesta que, entre líneas, se dirige fundamentalmente a empresas chinas y cuya exclusión impactaría de lleno en los operadores de telecomunicaciones. De hecho, la reacción de las principales telco europeas no se ha hecho esperar. Y es que, de aprobarse la norma deberán sustituir ese equipamiento en un plazo relativamente corto de tiempo y eso podría incrementar los costes. Además de otros interrogantes sobre la mesa: ¿serían soluciones “competitivas”? ¿Hay alternativas viables en el mercado europeo? Desde Connect Europe consideran que agravará la carga que se impone al sector, con costes regulatorios adicionales de varios miles de millones de euros.
Por el momento, el texto debe analizarse y ratificarse por el Consejo y el Parlamento Europeo. Una vez aprobado, la CSA será de aplicación directa. Por lo que no se espera que entre en vigor antes de que termine 2026.
Connect Europe advierte que la adopción del actual borrador de la CSA agravará la carga que se impone al sector, con costes regulatorios adicionales de varios miles de millones de euros
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