Las operadoras locales de telecomunicaciones han pedido que se anule por “ilegal” la apertura de un segundo plazo para la presentación de proyectos a las ayudas a la extensión de la banda ancha en España realizada por el Ministerio de Economía y Empresa, para lo que han presentado recursos ante la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD).

Los recursos de reposición han sido interpuestos por empresas que han presentado sus proyectos en el primer plazo dado para la convocatoria de ayudas, publicada en el BOE el 17 de abril de este año, y que concluyó el 27 de mayo. Argumentan que la apertura de un segundo periodo de presentación de proyectos a la convocatoria contraviene la legislación vigente, dado que se hizo dos meses después de que se cerrara el primero (concretamente el 2 de julio).

Las empresas operadoras recalcan que reabrir la presentación de solicitudes es ilegal y señalan que “ni la resolución por la que se realizó la convocatoria inicial de ayudas en abril, ni las bases de la misma, ni la normativa de subvenciones y procedimiento administrativo prevén que se pueda reabrir el plazo” de presentación de solicitudes.

Las operadoras locales vuelven a la carga ante las nuevas ayudas para banda ancha.
Las operadoras locales vuelven a la carga ante las nuevas ayudas para banda ancha.

Asimismo, recuerdan que la decisión del Gobierno “afecta a los intereses de todos los que legítimamente se han presentado a la convocatoria de ayudas” dado que implica “una merma de las posibilidades de ser beneficiario” al otorgar más tiempo para que nuevas empresas compitan por los incentivos, perjudicando así sus posibilidades de recibir fondos a la extensión de la banda ancha.

En concreto, ni en la convocatoria ni en la orden de bases se contempla la ampliación de los plazos o que éstos se puedan volver a abrir. No obstante, la legislación vigente permite que se tome la decisión de realizar una ampliación únicamente dentro del periodo convocado y como máximo añadiendo la mitad del tiempo de la primera convocatoria. Es decir, que el Gobierno debería haber realizado la ampliación antes del 27 de mayo.

Por tanto, al incumplirse la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, LPA, esta segunda convocatoria debería anularse, aseguran las empresas que han interpuesto recurso, y que cuentan con el respaldo de la Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones, Aotec.

Estas ayudas ya nacieron con un error en los plazos, dado que, el Ejecutivo tuvo que realizar una corrección y extenderlo hasta el 27 de mayo porque no se cumplía con el mínimo de 20 días hábiles que tiene que otorgarse en cualquier convocatoria de incentivos según la Ley de Subvenciones. A esto se une un segundo fallo, el de una distribución de fondos por provincias incorrecta, cuya subsanación ha sido la ‘excusa’ que ha utilizado el Gobierno para abrir de nuevo la presentación de solicitudes.

Para los afectados, la corrección en las cuantías de los fondos “en ningún caso hacen imposible la continuidad de la convocatoria” y no justifica de modo alguno la decisión de reabrir el periodo de peticiones. Por último, se recuerda que el Reglamento de la Ley General de Subvenciones prohíbe taxativamente la reapertura de plazos incluso cuando se trata de una ampliación del crédito de una convocatoria de incentivos.

Desde Aotec se considera “sorprendente” que el Ejecutivo haya cometido “semejante fallo” a la hora de gestionar fondos europeos como los correspondientes a la extensión de la banda ancha y ha reiterado su respaldo a los operadores locales.

El Gobierno abrió la convocatoria de ayudas para el despliegue de redes de banda ancha por valor de 150 millones de euros, 25 de fondos estatales y 125 con cargo a los Fondos comunitarios Feder. Su objetivo es acelerar la extensión de redes con capacidad de acceso superior a 100 Mbps en las zonas blancas, entre otras áreas.