El nuevo marco regulador está integrado por cinco propuestas de Directivas sobre un marco regulador común de las redes y servicios de comunicaciones; la armonización de los títulos habilitantes necesarios para la prestación de tales servicios; los derechos de los usuarios con respecto a los servicios de comunicaciones electrónicas y, en particular, en relación con el servicio universal; a la actualización de la normativa en materia de tratamiento de los datos personales y protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas; y el establecimiento de un marco para los acuerdos de acceso e interconexión en toda la UE.
También forman parte de este conjunto de medidas una propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento de un marco político y jurídico en la UE para conseguir la armonización del uso del espectro radioeléctrico, y una propuesta de Reglamento sobre el acceso desagregado al bucle local que, adelantándose al resto de las propuestas, fue aprobado en el mes de diciembre del pasado año.
Diversas fueron las razones esgrimidas por la CE para someter a revisión el entorno normativo vigente, entre las que destacan los cambios tecnológicos, económicos y sociales que conllevan la aparición y demanda de nuevos servicios, la revolución que Internet supone, así como la convergencia tecnológica entre los sectores de las telecomunicaciones, los medios de comunicación social y las tecnologías de la información, que permite la prestación de los mismos servicios desde distintas plataformas tecnológicas.
Los objetivos que se persiguen con el paquete de medidas en su conjunto son los siguientes
Por una parte, contribuir a consolidar la competencia en los mercados electrónicos europeos, tanto en materia de infraestructura de comunicaciones electrónicas como de servicios asociados, incluyéndose así las redes locales en orden a promover el acceso a Internet a alta velocidad.
Y por otra, adaptar y flexibilizar el actual entorno normativo a los requisitos de la nueva Sociedad de la Información – fruto de la revolución y convergencia digitales – la cual evoluciona a velocidad de vértigo.
Asimismo, la repercusión en nuestro país de la liberalización del bucle local a nivel comunitario es ya una realidad desde la publicación del Real Decreto 3456/2000, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones para el acceso al bucle de abonado de la red pública telefónica fija de los operadores dominantes, actualmente sólo Telefónica.
El resto de medidas, que deberían ser aprobadas por el Parlamento y el Consejo en el primer semestre de este año, pretenden establecer un marco jurídico de referencia de las telecomunicaciones desde la perspectiva de la convergencia digital. Un mercado único para todas las redes y comunicaciones electrónicas que debe ser neutro a la tecnología y al medio de transmisión utilizados.
Así, las nuevas medidas proponen una mayor uniformidad, simplicidad y flexibilidad de la normativa aplicable; la limitación de la regulación de los mercados por los operadores dominantes; un nuevo concepto de Operador con Peso Significativo en el mercado (SMO) no exenta de críticas; la simplificación del régimen de autorizaciones y licencias necesarias para la prestación de servicios; el establecimiento de principios comunes relativos al acceso y a la interconexión; el mantenimiento de las obligaciones del servicio universal; la armonización en el uso del espectro radioeléctrico; la garantía del derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales en las comunicaciones electrónicas; y abaratar el precio de los servicios de telecomunicaciones locales en Europa, especialmente el acceso a Internet. El 2001 nos depara, pues, cambios relevantes en la normativa aplicable en el sector de las telecomunicaciones y las comunicaciones electrónicas.
