La liberalización de las llamadas locales empieza a parecer una posibilidad más cercana y real desde que el viernes 22 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobara por Real Decreto el reglamento técnico que establece las condiciones para el acceso al bucle de abonado de la red pública telefónica fija de los operadores dominantes.
Para muchos, el proceso de liberalización de las telecomunicaciones, imprescindible para el desarrollo de la sociedad de la información, debía completarse con la apertura del último tramo de línea telefónica, que necesariamente debía pasar por solucionar el cuello de botella que provocaba el bucle local.
La apertura de la también llamada última milla se presenta pues como un paso decisivo para lograr tres grandes objetivos que haya más ofertas de ancho de banda, aprovechar mejor las redes de acceso disponible y abrir el mercado de las llamadas locales; o dicho con las palabras recogidas en este texto legal el acceso por operadores autorizados al bucle de abonado permitirá la prestación más competitiva de servicios de telecomunicaciones de alta velocidad, propiciando que la innovación tecnológica se extienda de manera rápida.
El reglamento facilitará a los nuevos operadores la colocación de sus equipos en las instalaciones de Telefónica, y obligará a esta compañía a publicar una oferta de acceso al bucle, actualizada y desglosada, de manera que los operadores puedan formalizar acuerdos. También obligaba a Telefónica a iniciar las negociaciones con cualquier operador que lo deseara y lo solicitase antes del 31 de diciembre del pasado año.
Ya hay quien asegura que será imposible la apertura en tan poco plazo de tiempo debido a los incidentes técnicos que surjan como resultado de los ajustes entre las operadoras. Y, de cualquier manera, aún queda por publicar la Oferta de Bucle de Abonado (OBA) definitiva, documento necesario para que los operadores hagan efectiva la liberalización de la telefonía local.
El otro punto a debatir, una vez conseguida la apertura del bucle local, es el precio de interconexión que deberán pagar los demás operadores a Telefónica en régimen de alquiler y que podría quedar fijado en torno a las 2.100 pesetas/mes, cerca de 13 euros, según las previsiones más optimistas, siguiendo así la tónica europea.
El operador dominante, respondiendo a las demandas del Gobierno que le urgía para que lanzara la primera oferta de acceso con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, propuso dos precios, uno para cada modalidad de alquiler. De una parte, ha fijado el coste mensual del llamado bucle desagregado en 2.646 pesetas/15,9 euros por mes; mientras que el precio para la segunda opción, consistente en compartir el bucle, lo ha marcado en 1.804 pesetas/10,84 euros. Mientras la primera permite al nuevo operador dar todo tipo de servicios, esta última supone que Telefónica se queda con la voz y el otro operador con los servicios restantes.
Por su parte, las empresas de cable quieren que el precio sea superior a las 2.700 pesetas/16,23 euros para que las operadoras que utilizan la red convencional no impongan una competencia devastadora. Y, por último, tenemos el modelo seguido en Europa, que es el de bucle desagregado, donde la tarifa media es de 13 euros/2.160 pesetas.
