El Gobierno actuó tras un informe conjunto de centros de investigación de España (IMDEA Networks), Bélgica (KU Leuven) y los Países Bajos (Radboud University) que descubrió un “mecanismo oculto” empleado por Meta durante casi un año. Según dicho informe, se rastreaban las páginas web visitadas por usuarios de dispositivos Android y se vinculaban esos datos con sus cuentas en Facebook e Instagram, incluso cuando se usaba el modo incógnito o una VPN.
La práctica podría contravenir normas europeas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Directiva ePrivacy, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA).
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Medidas anunciadas y contexto
Sánchez indicó que la investigación exigirá que Meta rinda cuentas ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados y se aclarará qué responsables dentro de la empresa facilitaron el seguimiento de usuarios.
Además, el Gobierno adelantó un paquete de medidas para combatir cuatro amenazas en el espacio digital: campañas de desinformación, protección de menores, discurso de odio y defensa de la privacidad. Esta estrategia responde a compromisos adquiridos por España en la última cumbre de Foro Económico Mundial en Davos.
Importancia y consecuencias
La investigación simboliza que el Estado considera que “la ley está por encima de cualquier algoritmo o plataforma”, según palabras del presidente. Se busca reforzar los derechos digitales de la ciudadanía, en particular de los jóvenes.
En el plano internacional, Meta ya afronta demandas colectivas en Alemania, Estados Unidos y Canadá por prácticas similares.
