La Ley GIA entró en vigor el 11 de mayo de 2024 y desde el 12 de noviembre de 2025 es de aplicación general. Esta norma trata de responder a las demandas de mayor ancho de banda y una conectividad más rápida, fiable e intensiva en datos, simplificando el despliegue de redes mediante modelos de compartición y eliminación de burocracia. En otras palabras, su objetivo es agilizar el despliegue de redes veloces como fibra y 5G en la Unión Europea, disminuyendo costes y papeleo.
Para adecuar la normativa nacional al reglamento europeo (Reglamento UE 2024/1309), el Ministerio de Transformación Digital lanzó una consulta pública fruto de la cual FENIE, la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización de España, ha mantenido una reunión con representantes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
Durante esta reunión la asociación ha trasladado a la Seteleco su preocupación por la falta de requisitos técnicos y sus posibles consecuencias para el sector instalador. En concreto, ha insistido en la necesidad de que, en la reglamentación resultante de la consulta pública, se incorpore de manera expresa la referencia a la norma UNE que define los requisitos técnicos que deben cumplir los edificios para estar adaptados al Reglamento Gigabit, para que las empresas instaladoras, ejecutoras de estas instalaciones, dispongan de parámetros técnicos con carácter vinculante y obligatorio, y no meramente voluntario tal y como ha reconocido el propio Ministerio.
Otro de los puntos que ha recalcado FENIE durante el encuentro es que el RD 244/2010 establece que las empresas instaladoras tienen la obligación de emitir un boletín tras la ejecución de la instalación y que, en la reglamentación actual, no se dispone de un modelo de certificado para acreditar esta tipología de instalaciones, por lo que ha reclamado que se defina un modelo específico para este tipo de actuaciones, de tal forma que las empresas instaladoras puedan cumplir con la normativa vigente.
La entidad reivindica la importancia de que la reglamentación contemple estas propuestas, “con el objetivo de dotar de seguridad jurídica a los usuarios o titulares de las instalaciones, así como a los técnicos que diseñan y ejecutan las mismas”.
