El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública acaba de anunciar que ha abierto una consulta con el fin de recabar opiniones de ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre la propuesta de la Comisión Europea de regulación del sector de las telecomunicaciones, la Digital Networks Act (DNA) o Ley de Redes Digitales.
Tal y como explican desde el Ministerio, la norma surge después de que diversos análisis estratégicos de alto nivel —como el informe Letta, el informe Draghi, el informe Niinistö y la Comunicación “Brújula para la Competitividad”— hayan subrayado que las infraestructuras digitales avanzadas constituyen un elemento esencial para la competitividad económica, la autonomía estratégica, la seguridad y la resiliencia de la Unión Europea.
La propuesta de la Comisión parte de la constatación de diversos desafíos estructurales que limitan la capacidad de la Unión Europea para desarrollar un ecosistema digital competitivo, integrado y resiliente. Para afrontarlos, la Ley de Redes Digitales propone las siguientes medidas:
- Reforzar un mercado único de la conectividad.
- Lograr la simplificación normativa y administrativa: la iniciativa pretende reducir la carga normativa y administrativa, permitiendo especialmente una mayor flexibilidad para las relaciones entre empresas, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de protección de los consumidores.
- Impulsar la innovación en el ecosistema digital más amplio.
- Reforzar la resiliencia: la Ley de Redes Digitales introduce un plan de preparación a escala de la UE para hacer frente a los crecientes riesgos de catástrofes naturales e interferencias extranjeras en las redes y las señales de radio. Además, propone que el mecanismo común para seleccionar las comunicaciones por satélite paneuropeas incorporará criterios centrados en la seguridad y la resiliencia.
Reacciones del sector
El borrador de este esperado proyecto normativo fue presentado el pasado mes de enero como un nuevo marco europeo para las redes digitales y las infraestructuras de conectividad y tiene como objetivo crear un marco jurídico simplificado y más armonizado. Sin embargo, Connect Europe, DigitalES y Aotec, entre otras asociaciones y colectivos, han presentado alegaciones a este primer texto. Ahora, el Gobierno abre consulta pública hasta el 12 de junio.
