Las tarifas sociales de servicios de telecomunicaciones -los famosos abonos sociales-, no están funcionando. Al menos es lo que indica un nuevo informe realizado por la CNMC en el que analiza dichas tarifas que comercializan los principales operadores en nuestro país, así como los precios de los servicios incluidos en el servicio universal (telefonía fija y acceso a Internet de banda ancha).
Según este estudio, estas propuestas tienen hoy día una “efectividad limitada”. Y como muestra expone que, en febrero de 2026, el abono social de telefonía fija de Telefónica contaba con 7.994 clientes y el conjunto de tarifas sociales de banda ancha sumaba solo 1.822 beneficiarios. En total, menos de 10.000 hogares tenían contratada alguna tarifa social de telecomunicaciones.
Sobre este particular, la Comisión sostiene que la Ley General de Telecomunicaciones de 2022 introdujo la obligación de que los operadores comercialicen tarifas sociales dirigidas a consumidores con rentas bajas o necesidades sociales especiales. También atribuyó a la CNMC funciones de supervisión sobre estas ofertas.
Aunque el desarrollo reglamentario de estas obligaciones se encuentra en una fase avanzada de tramitación, todavía no se ha aprobado la norma que debe concretar los beneficiarios y las características básicas de las tarifas sociales. En este contexto, los operadores han aplicado criterios propios para diseñar y comercializar estas ofertas, lo que ha dado lugar a diferencias significativas entre ellas.
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Ofertas dispares
El informe muestra una elevada heterogeneidad en las tarifas sociales actualmente disponibles.
Así las cosas, Telefónica mantiene desde 2002 un abono social de telefonía fija para jubilados y pensionistas con rentas reducidas, con un precio de 0,87 euros al mes, IVA incluido, y ofrece distintas opciones de banda ancha con descuentos para este colectivo. Mientras que Masorange comercializa, bajo la marca Orange, una tarifa social que incluye internet, telefonía fija y móvil. Y Vodafone, por su parte, ofrece una tarifa móvil social y otra que combina servicios fijos y móviles.
Otros operadores analizados —Digi, Avatel, Adamo y Procono— indican que no disponen de tarifas sociales específicas, aunque algunos señalan que sus tarifas generales tienen precios inferiores a algunas de las ofertas sociales existentes en el mercado.
Problemas de visibilidad y contratación
En este análisis la CNMC identifica varios factores que pueden estar limitando la efectividad de estas tarifas. Entre ellos figuran la reducida visibilidad de las tarifas sociales en las páginas web de los operadores, la existencia de canales de contratación más restrictivos que los utilizados para otros productos comerciales y la complejidad de algunos procedimientos de acreditación de la condición de beneficiario.
Además, algunas tarifas sociales presentan incompatibilidades con otros productos, como paquetes convergentes o terminales móviles a plazos, lo que puede reducir su atractivo para los consumidores vulnerables.
Precios del servicio universal
Por otra parte, el informe también analiza los precios que ofrecen todos los operadores respecto a los servicios que están incluidos en el servicio universal (que solo presta Telefónica): comunicaciones vocales fijas y acceso a internet de banda ancha fija con una velocidad mínima de 10 Mbps.
En telefonía fija, algunos operadores ya no ofrecen este servicio de forma individual, sino únicamente empaquetado con banda ancha. Otros comercializan el acceso telefónico fijo con tarifa plana de voz por menos de 15 euros al mes.
En banda ancha, las ofertas más básicas de los operadores superan ampliamente la velocidad mínima legal de 10 Mbps: donde existe cobertura de fibra, la velocidad mínima ofrecida es de 300 Mbps. Los precios analizados oscilan entre los 10 euros mensuales de algunos operadores y los 34 euros de Telefónica.
La CNMC observa que los precios comercializados por Telefónica bajo su marca principal son, en general, superiores a los de otros operadores. No obstante, señala que esta circunstancia debe valorarse teniendo en cuenta la competencia existente, la disponibilidad de alternativas para los consumidores y la oferta de tarifas más asequibles a través de su marca O2.
Nuevo marco más homogéneo y efectivo
Con estas conclusiones sobre la mesa, la CNMC considera que la aprobación del reglamento de servicio universal, actualmente en tramitación, permitirá dotar de mayor homogeneidad y efectividad al marco previsto en la Ley General de Telecomunicaciones. Esta norma definirá los colectivos beneficiarios y los elementos básicos de las tarifas sociales que deberán ofrecer todos los operadores.
De hecho, la entidad avala el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula el servicio universal de telecomunicaciones y otras obligaciones de servicio público al considerar que mejora el acceso a estos servicios y que amplía la protección de los usuarios. Este proyecto introduce como novedades relevantes el aumentar la velocidad mínima de acceso a internet de 10 a 100 Mbps por segundo en sentido descendente, desarrollar el régimen de asequibilidad del servicio universal e impulsar las tarifas sociales para usuarios con rentas bajas o necesidades sociales especiales.
No obstante, la CNMC ha planteado modificaciones. En primer lugar, alude a que el RD introduce la posibilidad de no designar un operador específico para prestar el servicio universal si el mercado ya garantiza su provisión en condiciones adecuadas de competencia. En esta situación, todos los operadores deberán atender las solicitudes de los usuarios y garantizar la disponibilidad del servicio en sus áreas y lugares donde tengan cobertura. Ante esta disposición, la entidad considera que este modelo de no designación es coherente con el enfoque europeo, pero recomienda concretar mejor su aplicación práctica, sin imponer a los operadores obligaciones, más allá de lo que dispone la LGTel. Asimismo, señala que pueden surgir dudas en situaciones en las que la prestación implique costes elevados o requiera inversiones adicionales, por lo que propone valorar mecanismos complementarios —como ayudas públicas o instrumentos de apoyo a la demanda— para asegurar el acceso efectivo al servicio.
En segundo lugar, en lo que atañe a asequibilidad, la CNMC considera positivo que se definan los beneficiarios de tarifas sociales —vinculados a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital— y que se establezca un descuento mínimo del 25% sobre los elementos del servicio universal, si bien propone reflejar expresamente la facultad de la CNMC para modular dicho porcentaje, teniendo en cuenta los resultados del informe anual de asequibilidad. A esta apreciación advierte que las tarifas sociales pueden ser poco efectivas si la regulación no tiene en cuenta las formas de contratación más habituales. Y propone que la contratación conjunta de servicios (por ejemplo, paquetes que incluyan telefonía móvil) no conlleve la pérdida de los descuentos aplicables a los servicios incluidos en el servicio universal.
