El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha publicado una audiencia pública sobre el proyecto de Real Decreto que aprueba el Reglamento del Servicio Universal de Telecomunicaciones, un servicio que puede solicitar cualquier persona, con independencia de su localización geográfica, y que incluye el servicio telefónico fijo y el acceso fijo a internet. Estos servicios deben proveerse además con una calidad determinada y a unos precios asequibles, explican.
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100 Mbps
Actualmente la velocidad de la conexión fija a internet que se incluye en el Servicio Universal son 10 Mbps. El nuevo reglamento propone aumentar la velocidad a un mínimo de 100 Mbps, con lo que España se convertirá en el primer país de Europa en ofrecer esta velocidad dentro del Servicio universal.
El excelente nivel de cobertura de redes de fibra óptica, redes móviles de tecnología 5G y la evolución de las prestaciones tecnológicas mediante redes satelitales (que ofrecen cobertura en todo el territorio), hacen posible llegar a esa velocidad indican desde el Ministerio.
Obligación de ofrecer todas las operadoras
La extensa red de telecomunicaciones también facilita que no haya un único operador designado para proporcionar el servicio universal, que actualmente es Telefónica, sino que todos los operadores tengan la obligación de ofrecerlo dentro de su ámbito de cobertura y con las características que se establezcan en el Real Decreto. Con ello, se refuerza la capacidad del usuario de elegir libremente al operador que en una zona esté prestando estos servicios.
Nuevas funcionalidades para colectivos vulnerables
Por otra parte, la norma indica que, en materia de accesibilidad, todos los operadores deberán tener una oferta suficiente de terminales para personas con discapacidad. Asimismo, los operadores y las Plataformas 112 deberán tener, antes de junio de 2027, la funcionalidad de Texto en Tiempo Real (RTT), una función que facilita una comunicación fluida para personas con dificultades auditivas o de habla.
Adicionalmente, todos los operadores deberán ofrecer un descuento de al menos un 25% de las tarifas a usuarios con rentas bajas. El proyecto de Real Decreto propone garantizar estas tarifas rebajadas para un colectivo mayor, al incluirse como potenciales beneficiarios las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital, que en la actualidad asciende a cerca de 800.000 hogares.
Está previsto que este nuevo régimen se aplique a partir del 1 de enero de 2027.
