Un nuevo paso más para la protección de los menores en Internet. El presidente del Gobierno ha anunciado un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un “entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales”.
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Gobernanza digital
Este anuncio lo ha realizado Pedro Sánchez durante el discurso inaugural del foro World Governments Summit que se celebra en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). En su intervención ha puesto el foco en la gobernanza digital como una cuestión central de nuestra era que debe ser abordada de forma global frente al estado fallido en el que ha devenido el ecosistema de las redes sociales donde «las leyes se ignoran y los delitos se toleran«.
Sobre este particular, el presidente ha analizado el desgobierno en el control de contenidos y la impunidad ante su incumpliendo con la legalidad, la expansión de la desinformación y los discursos de odio y la desprotección de datos y material personales como graves peligros que desafían la protección de derechos y libertades y distorsionan, particularmente a los menores que tienen integrada en su cotidianidad el uso de las redes.
Cinco medidas regulatorias
Ante este caótico y descontrolado escenario, el Gobierno pretende proteger a los menores y reforzar el control en las redes sociales a través de cinco medidas dirigidas a las plataformas digitales entre las que se incluye prohibir en España el acceso a redes sociales a menores de dieciséis años obligando a dichas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad.
Asimismo, mediante una reforma de la ley, Pedro Sánchez también plantea poner fin a la impunidad de los directivos para que sean legalmente responsables de las infracciones que se cometan en sus plataformas si no se retira el contenido que atente contra la legalidad o sea considerado de odio. Igualmente se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal. Es decir, habrá una persecución penal a plataformas digitales en las que se difundan contenidos ilícitos.
En defensa de la soberanía digital y apelando a la «tolerancia cero» frente a cualquier forma de coerción, ha trasladado que el Gobierno abordará junto a la fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram. Además, para atajar la amplificación de los discursos del odio, ha desvelado que se creará un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una «Huella de Odio y Polarización» y exponer la permisividad de las plataformas digitales que alimentan este tipo de contenido cuyo impacto está incidiendo en una mayor división social.
Una tarea comunitaria
España no está sola en esta lucha. Se ha unido a cinco países europeos en la «Coalición de los Dispuestos Digitales» para avanzar de manera coordinada y eficaz a nivel multinacional en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales.
Y es que esta lucha viene de lejos. En el marco del Foro de París por la Paz de noviembre de 2023, España, Alemania, Bélgica, Australia, Dinamarca, Estonia, Francia, Países Bajos y Reino Unido suscribieron una declaración para impulsar iniciativas globales dirigidas a reforzar la protección online de los menores.
En junio de 2025 nueve países apoyaron la incorporación de herramientas de verificación de edad y de control parental en todos los dispositivos con acceso a la Red. Una propuesta que fue presentada por España, Francia y Grecia para proteger a los menores de los riesgos de Internet, como el acceso a la pornografía.
Largo recorrido en la defensa de los menores en Internet
La defensa de los menores en Internet viene de largo. Hace dos años el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley orgánica para garantizar la protección de los derechos de los menores en el ámbito digital, en especial el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, así como la protección de sus datos personales y el acceso a contenidos adecuados para su edad. Como puntos clave, la norma elevaba de 14 a 16 años la edad mínima a la que se pueda dar consentimiento al tratamiento de datos personales. Ahora, la propuesta va un paso más allá al prohibir el acceso a las redes sociales a los mayores de 16 con el objetivo de que estas sean un “espacio sano y democrático”.
Por el momento, estas iniciativas están pendientes de desarrollo normativo, aunque el presidente ha insistido en el sentido de urgencia de ponerlas en marcha.
