Enmarcada en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, originaria de noviembre de 2009, hizo su aparición la Ley Sinde. Una disposición referida a la regulación de las webs y a la protección de la propiedad intelectual que ha estado envuelta en distintas polémicas por numerosos motivos. Su apodo se debe a la que fuese Ministra de Cultura en el anterior Gobierno socialista, Ángeles González-Sinde.   Tras unos comienzos difíciles, con una serie de aplazamientos, debates y contradicciones, se espera que en primavera entre en vigor de manera definitiva. El Gobierno encabezado por Mariano Rajoy ha confirmado que así será, con el objetivo de perseguir las acciones relacionadas con las descargas de contenido con copyright en la Red. El nuevo Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, recoge el testigo de su antecesora y se sitúa como cabeza visible para la puesta en marcha de la disposición. De ahí que en algunos círculos se comience a hablar de la Ley Sinde-Wert.   La llegada de la misma puede ser una buena noticia para ciertos sectores como el cine o la música, sin embargo, hay otras áreas donde se mira con recelo ciertas aplicaciones que tendrá una vez se haga efectiva. Una de las industrias que pueden resultar claramente perjudicas es la del hosting. El problema radica en Real Decreto 1889/2011 que regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual. Otra norma aprobada recientemente por nuestros dirigentes que junto a la Ley 2/2011 está llamada a combatir la piratería.   Se presenta como un mecanismo que bloqueará el acceso a copias no autorizadas de obras protegidas en Internet. El afectado, o su representante, podrá solicitar el inicio de un procedimiento contra el prestador del servicio que presuntamente haya vulnerado sus derechos de propiedad intelectual. En el caso de que se desconozcan los datos identificativos de ese prestador, existirá la posibilidad de solicitarlos a través de los juzgados. Una vez estudiadas las alegaciones por parte del responsable de la web, la Comisión estará a autorizada a retirar los contenidos explotados de forma no autorizada. Si no se hace de forma voluntaria, puede haber una intervención judicial. En definitiva, si un usuario decide crear una página web que contenga descargas ilegales, las autoridades pueden acabar tomando medidas contra las empresas que prestan el servicio en la Red. Dicho en otras palabras, pagarán justos por pecadores.

Hosting en España
El sector del hosting mueve en España una suma de dinero que oscila entre los 550 y los 600 millones de euros al año. Compañías como Arsys, Strato, 1&1 o Nominalia, se encuentran a la cabeza del alojamiento en la web dentro de nuestras fronteras. REDES & TELECOM ha tratado de acercarse a algunas de ellas para saber cuál es su visión acerca de la llegada de la Ley Sinde. Un intento que ha topado con el silencio por parte de la gran mayoría de las mismas. El no tener su base en España o la cautela ante la forma de ejecutarse que puede tener definitivamente la norma, han sido las causas por las que no han colaborado en este reportaje.   Tan solo Faustino Jiménez, CEO de Arsys, ha saltado a la palestra para contarnos sus inquietudes respecto al tema. El directivo aclara que “no podemos caer en la trampa de reducir el debate sobre los contenidos ilegales en Internet a un enunciado del tipo: apoyar iniciativas como la Ley Sinde supone estar a favor de la protección de la propiedad intelectual”. Según sus palabras el derecho de los autores a una correcta difusión de su obra está fuera de toda duda, lo que no justifica que las empresas de hosting acaben siendo las perjudicadas por la ley.   Faustino opina que es “muy importante que las leyes otorguen la seguridad jurídica necesaria a todas las partes: creadores y ciudadanos”. En su opinión, los primeros deben verse “incentivados” a generar contenidos de calidad. Los segundos tienen que sentir la "seguridad de que se tienen en cuenta sus derechos antes de desconectarlos de la Red.” No obstante, el CEO de Arsys, revela que su compañía, al igual que otras españolas dedicadas al hosting, se dirige principalmente a “empresas, pymes y autónomos que requieren un servicio profesional para sus páginas web”. De esta manera, aclara que dentro de su negocio no hay sites que puedan acabar en el punto de mira de la normativa.   Faustino cree que el problema principal es el “esfuerzo adicional” que tendrán que hacer para colaborar con la Ley Sinde. Algo que afectará a su operativa diaria y que generará dudas en torno a la seguridad jurídica por parte de los clientes. Unas dudas que ellos serán los encargados de aclarar, invirtiendo más tiempo del necesario.   Organizaciones como ANEI (Asociación Nacional de Empresas de Internet) también han mostrado su disconformidad con la nueva ley. Desde sus filas la han calificado de “ineficaz” y han pedido mecanismos de compensación para que la industria del hosting sufra el menor perjuicio posible. Y es que las firmas del sector pueden verse cargadas con responsabilidades y costes agregados que realmente no les corresponden. En un comunicado de hace aproximadamente un año, la ANEI, junto a 30 asociaciones y colectivos relacionados con las TI, anunciaron que se mostraban claramente en “desacuerdo” con la Ley Sinde. Es más, la definieron como una directriz “obsoleta” antes incluso de ser aprobada. Un remedio que “no solucionará los problemas y que únicamente servirá para enfrentar a creadores de contenidos, usuarios, empresas de Internet y al propio sector”.
hosting
El panorama no parece demasiado halagüeño para las compañías de hosting en España. Desde ANEI han advertido de una posible salida de este tipo de negocios a otros países europeos. Esto supondría cuantiosas pérdidas económicas, desde luego una mala noticia teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa España. Asimismo, muchos contenidos que no atentan contra los derechos de autor podrían dejar de estar alojados en empresas de hosting españolas.   En Arsys, Faustino Jiménez, se muestra algo más optimista. Hace de nuevo hincapié en la idea de que sus clientes no distribuyen contenido ilegal ni enlazan a otros lugares que lo contengan. A pesar de ello, el marco jurídico que propone la ley puede que no resulte “completamente beneficioso para las partes implicadas, ya sean los proveedores de acceso, prestadores de servicios o creadores”. Algo que a la larga puede ser un caldo de cultivo para una huida en busca de otras legislaciones más flexibles.   Se presenta, por tanto, un escenario que llevará a este tipo de compañías a invertir “mayores recursos en la monitorización y reporte de información a terceras partes, poniendo especial cuidado en no vulnerar los derechos (privacidad y libertad de expresión) de los clientes”. Tampoco resultará “beneficioso para los creadores, porque las denominadas webs de enlaces irán moviéndose de país, dominio y tecnología”. Hay que recordar que tratándose de tecnología, las argucias de aquellos que se dedican a distribuir contenidos protegidos se renuevan cada día. El CEO de Arsys tiene claro que por “cada página de enlaces que se cierre, se abrirá otra igual, pero distinta a la que tendrán que perseguir”. Un círculo vicioso de difícil resolución.
Vivimos en un mundo globalizado, en el que Faustino Jiménez no ve sentido para “legislar de espaldas a la tecnología y a los ciudadanos, que hace tiempo tomaron la delantera a los gobiernos y a determinados marcos legales”. Por ello, recomienda abordar estos temas desde un punto de vista “global”, comprendiendo que Internet “ha cambiado las posibilidades que los usuarios tienen para compartir, haciéndolo mucho más sencillo; y que las plataformas electrónicas han creado ecosistemas y redes globales, con un alcance que supera el territorio nacional”. Y es que se presenta como una batalla imposible desde la lógica.   Hace muy poco hemos visto como el FBI procedía a cerrar Magaupload, la archiconocida web que ponía a disposición de los internautas miles de contenidos para descargar. Una operación gestada por la Ley SOPA (Stop Online Piratery Act). Un proyecto de ley presentado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 26 de octubre y que guarada ciertas similitudes con la normativa española. Tras la detención de sus líderes, muchos otros servicios parecidos como Fileserve, Rapidshare o File Jungle han desactivado muchos de sus enlaces.   ¿Se ha acabado con la piratería? Rotundamente no. Las redes P2P han visto crecer su tráfico de nuevo y los usuarios siguen compartiendo contenidos. Faustino señala que es “virtualmente imposible” prohibir y acabar estos procesos. Aunque está claro que muchas industrias se ven afectadas cada día por la difusión de obras de manera fraudulenta, también lo es que ninguna de las soluciones que se han diseñado para contrarrestar estas prácticas han resultado válidas, hasta ahora.   Internet es algo demasiado grande para ponerle fronteras, siempre hay nuevos recovecos en los que poder esquivar las leyes y ofrecer estos servicios. Ahora le toca actuar a la Ley Sinde, una norma que puede afectar de forma negativa a un sector que proporciona desarrollo y riqueza como es el hosting y que no garantiza ningún éxito para acabar con aquello contra lo que se quiere luchar. Esperemos que todas las partes lleguen a un acuerdo y que ningún negocio se vea obligado a tener que salir de España.