Las sanciones económicas que podrían aplicarse a los riesgos legales observados en el estudio, que ha analizado 100 sitios web que operan en nuestro país, ascienden hasta los 600.000 euros (más de 100 millones de pesetas) en función de lo establecido en dicho enteproyecto.
Esta carencia podría traducirse en un recorte de las inversiones y un considerable incremento de los costes de las pólizas de seguros, pero además de las consecuencias económicas, la consultora advierte de otros riesgos potenciales para los negocios digitales, como la pérdida de la poca confianza que hasta el momento han depositado los consumidores españoles en el comercio electrónico.
El análisis ha detectado que el 65 por ciento de los sitios analizados omite mencionar la existencia de manuales de uso y las garantías de sus productos, el 58 por ciento no proporciona documentos de anulación del pedido, y el 44 por ciento ni siquiera indica el coste de entrega del producto.
Otro punto a destacar es que el 67 por ciento no incluye ninguna política privacidad en lo concerniente al acceso no autorizado a los datos personales que están en su poder, ni sobre el uso incorrecto de los mismos. A su vez, el 59 por ciento no sólo impide a sus usuarios acceder a los archivos que contienen sus propios datos, sino que ni siquiera les informa sobre este hecho.
