Cuando la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) impuso a Telefónica la rebaja del coste de las llamadas de fijo a móvil un 12,75 por ciento, según los precios máximos aprobados por el Gobierno, la compañía dirigida por César Alierta solicitó rebajar sus tarifas únicamente para las llamadas a números de Movistar, Moviline y Airtel. El órgano regulador consideró esta petición discriminatoria para con Amena y denegó la solicitud. La respuesta de Telefónica fue tajante si no se accedía a su reducción de tarifas selectivas se negaba a bajar los precios.
La decisión de esta operadora estaba basada en el anuncio por parte de Amena de no disminuir sus precios de interconexión, algo que sí habían hecho Telefónica Móviles y Airtel. Amena alegó que sus precios ya eran entre un 20 y un 25 por ciento más baratos que los de sus competidoras.
Finalmente, el pulso mantenido entre Telefónica, la CMT y Amena se resolvió a finales del pasado mes de enero, cuando en una reunión extraordinaria que se celebró el día 23 y que contó con la participación del ministro de economía, Rodrigo Rato, la CMT, con José María Álvarez Quintana a su frente, dio la razón a Telefónica.
Ante su exclusión Amena ha anunciado que tomará medidas si se sigue adelante con la rebaja propuesta ya que perjudica a sus clientes. De momento, y según lo aprobado, Telefónica rebajará cinco pesetas por minuto en horario normal, mientras que con Amena mantendrá el precio actual, es decir, 44 pesetas por minuto. Tarifa que también se mantendrá con el operador vasco, Euskaltel, igualmente excluido de la rebaja llevada a cabo por Telefónica España.
A través de un comunicado, el consejo de la CMT defendió que esta propuesta resulta más flexible que la actual y además redundará en beneficio de los usuarios. Por su parte, el PSOE considera que además hay margen de sobra para que las tarifas bajen hasta un 30 por ciento, según afirmó Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz de Ciencia y Tecnología de este grupo político. Telefónica también ha manifestado su satisfacción por la decisión adoptada, ya que sitúa a España en niveles similares a otros países del entorno europeo.
