La morosidad es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los instaladores de redes de telecomunicaciones, energéticas y de climatización y que principalmente afecta a las pequeñas empresas. La buena noticia es que, pese a que los retrasos siguen existiendo, se han reducido. Así lo indica el estudio anual sobre morosidad y comportamientos de pago en las empresas instaladoras recientemente presentado por la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización de España (FENIE).
El informe, elaborado a partir de la participación de profesionales y empresas instaladoras de todo el país, analiza la evolución de esta industria durante 2025 y las perspectivas para 2026. Los datos reflejan un sector sólido, activo y con capacidad de adaptación. Con una facturación media que creció un 5,93% respecto a 2024, el análisis confirma una evolución positiva en los plazos de pago y en la reducción de los impagos. De hecho, la ratio media de morosidad se situó en el 3,5%, prácticamente la mitad que el registrado el año anterior.
A pesar de esta evolución favorable, el estudio pone de manifiesto que continúan existiendo diferencias importantes en los comportamientos de pago según el tipo de cliente. En el caso de constructoras y grandes empresas siguen registrándose plazos alejados de los límites legales, especialmente en operaciones vinculadas a pagos mediante confirming.
Uno de los aspectos más destacados del informe es la mejora en los plazos de pago de la Administración Pública, cuyo término medio se redujo hasta los 45 días, 20 días menos que el año anterior. Sin embargo, la Federación matiza que “esta evolución todavía no se traslada de forma equilibrada a toda la cadena de subcontratación, donde los tiempos de cobro continúan siendo elevados”.
Igualmente, el estudio refleja un cambio en las principales preocupaciones del colectivo instalador de cara a 2026. La falta de actividad y las complicaciones burocráticas son algunas de las inquietudes más relevantes del sector, por delante de otros factores que tradicionalmente ocupaban las primeras posiciones.
Además, el estudio evidencia una mayor concienciación de las empresas sobre sus derechos frente a la morosidad. En este sentido, el 90% de los participantes considera necesaria la implantación de un régimen sancionador que contribuya a garantizar el cumplimiento de los plazos de pago.
