Cuatro empresarios vinculados a la firma gallega Blusens cumplirán seis meses de prisión, pagarán 1,2 millones de euros de indemnización y quedarán inhabilitados un año para cualquier negocio relacionado con estos aparatos. Además, el tribunal ordenó el decomiso del stock ilícito y una multa diaria durante seis meses. Se trata de una de las sanciones económicas más elevadas impuestas en España por vulneración de la propiedad intelectual.
La resolución pone fin a la «Operación Índigo», abierta en 2017, cuando la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), con el respaldo de Telefónica, Grup Mediapro, LaLiga y otras compañías, denunció que los WebTV de Blusens permitían acceder sin autorización a películas, series y retransmisiones deportivas. La investigación, liderada por la Brigada de Delincuencia Económica y la UDEV central, bloqueó enlaces, precintó miles de dispositivos y recopiló las pruebas que han sustentado el fallo.
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EGEDA y LaLiga respaldan la denuncia
EGEDA valora la condena como «un hito que refuerza la seguridad jurídica de los creadores». La indemnización, subraya la entidad, «envía un mensaje nítido a quienes obtienen beneficio a costa de la cultura». Tanto Telefónica como Mediapro han celebrado el “importante precedente” que sitúa la responsabilidad no solo en los proveedores de contenidos ilícitos, sino también en los distribuidores físicos de hardware.
El revés judicial culmina la larga caída de Blusens, empresa que llegó a rivalizar con gigantes como Apple y Sony en electrónica de consumo antes de su convulso concurso de acreedores de 2017. El negocio de WebTV, que inicialmente representaba una parte marginal de sus ingresos, terminó convirtiéndose en su talón de Aquiles al atraer la atención de las autoridades y provocar su definitiva salida del mercado tecnológico.
La sentencia llega en medio de una ofensiva global contra la piratería audiovisual. LaLiga, por ejemplo, ha reforzado su “war room” con 50 técnicos que monitorizan y bloquean hasta 3.000 direcciones IP por partido; el objetivo de su presidente, Javier Tebas, es reducir la piratería un 50 % este año, tras estimar pérdidas de 600‑700 millones de euros anuales solo en derechos televisivos.
Los últimos datos del Observatorio de Piratería 2023 confirman que el consumo ilícito volvió a crecer un 5 %, generando un perjuicio de 1.992 millones de euros y frenando la creación de casi 18.000 empleos. El 46 % de los usuarios admite no distinguir entre proveedores legales e ilegales, y Telegram se consolida como uno de los canales principales para compartir contenidos pirateados, el mismo medio utilizado por uno de los encausados del caso Blusens.
El caso Blusens, una sentancia disuasoria para la piratería
En paralelo al nuevo Reglamento de Servicios Digitales de la UE, España ultima la trasposición de su reforma de la Ley de Propiedad Intelectual para agilizar el bloqueo «dinámico» de dominios y la persecución de hardware modificable. Fuentes del Ministerio de Cultura señalan que la condena gallega «anticipa el nuevo marco sancionador, mucho más rápido y disuasorio».
Al cierre de esta edición, la defensa de los condenados baraja recurrir. Expertos penalistas consultados consideran que la robustez de las pruebas, entre ellas registros de Telegram y trazabilidad de ventas online, hace improbable que la Audiencia Provincial revoque un fallo que, por primera vez, combina penas de cárcel, inhabilitación comercial y una indemnización millonaria.
Con todo, las entidades de gestión insisten en que la batalla no termina en los tribunales. La educación del consumidor y las alianzas tecnológicas con plataformas legales serán clave para frenar un fenómeno que, pese a esta victoria judicial, sigue drenando cientos de millones de euros a la industria cultural cada año.
