Laliga pide a la Comisión Europea que acelere el refuerzo de la Recomendación sobre la lucha contra la piratería en línea de deportes en directo, después de que la evaluación presentada por Bruselas confirmara que el fraude audiovisual continúa creciendo y que las medidas actuales no bastan para frenarlo. La organización considera que el marco vigente, de carácter no vinculante, ha quedado superado por la velocidad y la capacidad técnica de las redes que distribuyen contenidos ilegales.
La Comisión Europea, tras analizar datos recopilados por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, expone que el fraude se intensifica en los periodos de mayor actividad deportiva. El informe también señala la falta de cooperación de intermediarios tecnológicos durante las emisiones en directo, lo que dificulta localizar el origen de los contenidos ilegales y aplicar bloqueos efectivos. Hosting, redes de distribución de contenidos y servicios de proxy aparecen como actores clave en esta situación, según el documento.
Laliga ya había advertido a Bruselas sobre el efecto que tiene esta falta de colaboración en la expansión del fraude. La entidad recuerda que los intermediarios permiten que los emisores ilegales permanezcan ocultos y que el bloqueo sea más complejo. El informe comunitario confirma además que los incidentes por bloqueos indebidos son mínimos y que las órdenes dinámicas empleadas en varios países cuentan con garantías suficientes, lo que respalda la estrategia utilizada por Laliga.
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Petición de una normativa europea vinculante
El análisis de la Comisión refleja un escenario desigual dentro de la Unión Europea. Algunos Estados miembros cuentan con sistemas avanzados para retirar emisiones ilegales en directo, mientras que otros carecen de herramientas eficaces. Esta disparidad, señala el informe, deja espacio para que los piratas se aprovechen de las diferencias nacionales.
En este contexto, Laliga y otras 36 organizaciones del sector audiovisual y deportivo enviaron recientemente una carta a Bruselas para reclamar medidas legislativas obligatorias y plazos claros para retirar contenidos ilegales. Entre las propuestas recogidas por la Comisión figuran obligaciones para todos los intermediarios, no solo para los proveedores de alojamiento, y la inclusión de servicios como CDNs, proxys inversos, DNS alternativos o VPN en el perímetro normativo.
Impacto económico y necesidad de respuesta coordinada
Laliga subraya que una normativa común permitiría a los países actuar bajo un mismo marco legal y mejorar la eficacia de los procesos. La entidad recuerda que su estrategia en España redujo en un 60% el consumo de piratería durante la temporada 2024/2025, gracias a resoluciones judiciales y a mecanismos de bloqueo dinámico aplicados en el territorio nacional.
El fraude audiovisual provoca entre 600 y 700 millones de euros de pérdidas cada año para los clubes profesionales y para el conjunto de la industria del deporte en España. Este impacto también afecta a ámbitos de interés general, como las aportaciones al Consejo Superior de Deportes, al fútbol base y al fútbol femenino, además de su reflejo en la recaudación fiscal.
Mientras la Comisión Europea estudia cómo ampliar las medidas vigentes y cómo abordar la falta de colaboración de determinados intermediarios, Laliga reitera su disposición para avanzar en una cooperación real, en tiempo inmediato y con alcance transfronterizo. La organización defiende que una acción conjunta y coordinada es esencial para proteger los derechos audiovisuales de los eventos deportivos en directo y reducir el espacio de actuación del fraude.








