La aprobación definitiva de las enmiendas planteadas para la Ley de Ciberseguridad (CSA) y de la nueva DNA -cuyo borrador ya causó cierto rechazo en el sector-, está cada vez más cerca. Las operadoras de telecomunicaciones siguen sin ver clara ni una ni otra opción. Connect Europe ya mostró sus reticencias y la semana pasada fue el FTTH Council Europe, ahora son los operadores móviles virtuales, un colectivo bastante numeroso. No en vano, actualmente existen más de 2.000 operadores móviles virtuales (MVNO) en cerca de 100 mercados del mundo. Europa concentra más de 1.000 de estos operadores, lo que la convierte en la región con mayor presencia de este modelo de negocio, según la GSMA Intelligence.
A este nutrido grupo de empresas también le afecta de forma relevante el hecho que plantea la norma de ciberseguridad de restringir el uso de proveedores considerados de alto riesgo. Así, como explican desde JSC Ingenium, los MVNO dependen de plataformas tecnológicas externas para gestionar funciones clave del negocio como activación de SIM y eSIM, gestión de clientes, facturación, conectividad con redes móviles y sistemas de roaming y autenticación. En este sentido, si alguna de estas plataformas utiliza tecnología de proveedores que eventualmente sean considerados de alto riesgo por la regulación europea, podrían verse obligados a migrar sus sistemas hacia nuevas soluciones tecnológicas.
A ello se suma que los operadores de red (MNO) también podrían enfrentar procesos similares a nivel de infraestructura —incluyendo red de acceso, core o proveedores de equipamiento— lo que refuerza el impacto sistémico de estas medidas en todo el ecosistema telecom.
Este proceso, conocido en la industria como “rip and replace”, implica retirar completamente una tecnología y reemplazarla por otra, lo que puede generar impactos como costes operativos y tecnológicos inesperados, interrupciones o complejidad en las operaciones, proyectos de migración tecnológica acelerados y necesidad urgente de cumplimiento regulatorio.
Además, algunas propuestas legales plantean plazos limitados para realizar estas sustituciones.
Cambios a la hora de seleccionar sus plataformas
Este nuevo escenario también está transformando los criterios con los que los operadores seleccionan sus plataformas tecnológicas. Si antes se fijaban en aspectos como el precio, las funcionalidades que ofrecía o la velocidad de lanzamiento al mercado, con las nuevas leyes en ciernes se añaden otras variables como la seguridad tecnológica, el origen de la tecnología que van a utilizar, la transparencia en la cadena de suministro y la capacidad de cumplir futuras regulaciones europeas.
