El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que aprueba el Reglamento del Servicio Universal de telecomunicaciones. Este es un derecho que puede ejercer cualquier persona, con independencia de su ubicación geográfica, su situación económica o de discapacidad, y que garantiza el servicio telefónico fijo y el acceso fijo a internet con una calidad determinada y a un precio asequible.
Como detallan desde el Ministerio, la nueva norma actualiza los requisitos de calidad, asequibilidad y accesibilidad del servicio universal para adaptarlos al elevado grado de despliegue de redes de alta capacidad alcanzado en España.
Por un lado, se incrementa la velocidad de la conexión fija a internet a 100 Mbps (actualmente se establece en 10 Mbps). Con esta medida, España se convierte en el primer país de Europa y uno de los primeros del mundo en ofrecer esta velocidad dentro del servicio universal.
En cuanto a la asequibilidad, el Real Decreto amplía las personas que pueden acceder a las tarifas asequibles a todas aquellas unidades de convivencia perceptoras del Ingreso Mínimo Vital. Los operadores que no dispongan de tarifas asequibles —según los parámetros anuales que establezca la CNMC— deberán ofrecer un 25% de descuento a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital respecto al precio medio de mercado, que también establece el organismo regulador. Se calcula que esta medida podría llegar a beneficiar a unos 2,4 millones de personas y a cerca de 800.000 hogares.
Adicionalmente, la norma amplía el número de usuarios que pueden beneficiarse del servicio, ya que no sólo podrán solicitarlo los consumidores, sino también las microempresas, pymes u organizaciones sin ánimo de lucro.
En materia de accesibilidad, se obligará a todos los operadores a proporcionar una oferta suficiente de terminales para personas con discapacidad e incorporar la funcionalidad de Texto en Tiempo Real (RTT), una función que facilita la comunicación fluida para personas con dificultades auditivas o de habla.
Todos los operadores atenderán solicitudes
Hasta ahora, el reglamento designaba a un operador para garantizar este derecho. Telefónica lo ha sido históricamente y es el operador designado hasta el 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de enero de 2027, cuando entre en vigor esta norma, y una vez publicada una Orden Ministerial que así lo establezca, todos los operadores atenderán solicitudes en las zonas donde ofrezcan cobertura, no siendo necesaria la designación de un operador específico.
Telefónica deberá garantizar en todo caso la continuidad de las ofertas vigentes del actual abono social. De esta manera se refuerza la capacidad de elección del usuario y permitirá un funcionamiento más libre, independiente y competitivo del mercado.




