El Ministerio de Ciencia y Tecnología aprobará esta semana el plan de migración de 206.000 líneas de telefonía rural de acceso celular (TRAC) a otra tecnología que permita el acceso a Internet, en una inversión que supone 475 millones de euros durante el presente año y 2004.
Este plan es el resultado de la decisión que el Departamento que dirige Josep Piqué ha tomado tras estudiar la propuesta tecnológica que Telefónica, como operador dominante y único en prestar el servicio TRAC, le remitió el pasado mes de diciembre para llevar a cabo la citada sustitución. En ésta, la compañía optó por cuatro tecnologías diferentes procedentes de diversas operadoras para la migración de las líneas de TRAC. De un lado, telefonía móvil digital a través de GSM, a la que se suma la tecnología de par de cobre, telefonía local vía radio (LMDS), así como otras por satélite.
En este sentido, y como operador dominante, Telefónica de España está obligado a garantizar el servicio universal, que, desde la aprobación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), incluye el acceso a Internet. Pero ello no es posible en las zonas rurales de España donde disponen de líneas TRAC, incompatibles tecnológicamente con el acceso a la Red.
De ello se deriva la obligación de Telefónica de gestionar el citado proceso de sustitución de tales líneas. Por ley, el operador designado para la prestación del servicio universal tenía que presentar al ministerio de Ciencia y Tecnología, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, un plan de actuación detallado para garantizar que las conexiones a la red telefónica pública fija posibiliten a sus abonados el acceso funcional a Internet y, en particular, a los conectados mediante TRAC.
Así, los plazos establecidos para esta sustitución a la que deberá hacer frente la compañía o compañías adjudicatarias fijan para junio de este año la sustitución del 30 por ciento de las líneas TRAC y al menos el 70 por ciento antes del 31 de diciembre, con el objetivo de completarlo antes del 31 de diciembre de 2004, si bien, en todo caso, esta implantación alcanzará al menos al 50 por ciento de los citados abonados en cada una de las comunidades autónomas antes de 2004.
