Después de un largo período de tiranteces, entre el Gobierno y las operadoras móviles, provocado por las tasas impuestas por el primero tras la entrega de las licencias UMTS, parece que las aguas han vuelto a su cauce.
Quien ha dado el primer paso ha sido el Partido Popular que presentó en el Senado, el pasado 26 de noviembre, una enmienda para el Presupuesto 2002 donde se contempla una rebaja de la tasa radioeléctrica de un 75 por ciento, un sustancial recorte que se aplica en lugar del 62,5 por ciento anunciado anteriormente.
El resultado en cifras se traduce en aplicar un canon último de 40.000 millones de pesetas/240,40 millones de euros, frente a los 60.000 millones de pesetas/360,61 millones de euros que implicaba la primera rebaja para 2002 sobre los 160.000 millones de pesetas/961,62 millones de euros impuestos este año.
La respuesta de Telefónica Móviles y Vodafone no se ha hecho esperar y han realizado el pago convenido aunque, eso sí, en la última semana y a punto de cumplirse el plazo de vencimiento.
El otro efecto inmediato, que ha provocado la decisión del Gobierno, es la intención de las dos operadoras de telefonía móvil de retirar los recursos interpuestos ante la Audiencia Nacional, con mayor razón cuando se prevé que la rebaja se aplique durante los próximos cinco años. En este sentido, Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Telefónica de España, ha manifestado que la medida será positiva para todos los agentes implicados ya que beneficiará a los clientes, al sector, a los usuarios, a las operadoras, al Gobierno y a la competencia, al tiempo que ha pedido confianza en la lógica de las operadoras de telefonía móvil en el mercado español, que tiene los más altos niveles de servicio y la mayor variedad de ofertas para todo tipo de clientes.
Telefónica Móviles puede respirar tranquila tras esta semana de tensión, donde en el propio seno de la filial de Telefónica de España se estuvo discutiendo hasta si convenía más continuar con el recurso o dar marcha atrás para evitar enfrentamientos con el Gobierno.
En cuanto al resto de las operadoras, todavía no se sabe cuál será la reacción de Amena, pero ya es conocida la postura de Xfera, que ha confirmado su intención de no retirar el recurso en trámite. Esta medida se suma a la decisión de no pagar la tasa por un espectro que nosotros no podemos utilizar.
Por otra parte, Anna Birulés, ministra de Ciencia y Tecnología, aseguraba que la resolución del Gobierno pretendía adecuar, tal y como nos comprometimos, lo que era el valor de la tasa en los distintos ámbitos en los que se utiliza el espectro radioeléctrico a las circunstancias del mercado, y así se ha llegado a la cifra final.
