Tan sólo a tres días de que la Sala de Contenciosos de la Audiencia Nacional decidiera si las sospechas de Ferrovial eran ciertas la constructora remite un escrito en el que renuncia al recurso presentado contra la concesión de las licencias UMTS. Este movimiento no puede resultar más extraño y ya ha levantado numerosas quejas, como las del partido de la oposición PSOE, que en boca de su portavoz Alfredo Pérez Rubalcaba, ha manifestado que esta decisión sólo viene a confirmar que el concurso fue realmente una chapuza. Además, PSOE pide explicaciones a Ferrovial, alegando que no es lógico que lo que antes consideraba irregular ahora no. Por su parte la compañía de la Familia del Pino se niega a hacer ninguna declaración y mantiene un discreto silencio.
Aún así, la reciente adjudicación del ejecutivo a Ferrovial para la construcción de la autopista Radial IV en Madrid, que unirá la capital con Ocaña e implicará una inversión de 100.000 millones de pesetas plantea la sospecha de si no se ha utilizado este método para que la constructora desista y se dé por compensada con esta nueva adjudicación. Lo que es evidente es que el Gobierno, y especialmente el ministerio de Ciencia y Tecnología, presidido por Anna Birulés y heredero de las cuestiones de telecomunicaciones que llevaba a cabo el anterior ministerio de Fomento, respiran ahora más tranquilos, ya que de seguir este contencioso legal el Gobierno de PP se habría visto envuelto en un grave escándalo financiero.
Las supuestas irregularidades con que fue llevada a cabo la concesión de las licencias a móviles de tercera generación llevó a Ferrovial a presentar una demanda ante la Audiencia Nacional. El 13 de marzo fue la fecha en la que la adjudicación para los móviles de 3G se hizo pública, al menos oficialmente, ya que la vertiginosa subida en bolsa de las acciones de Xfera frente a la caída de las acciones de los otros aspirantes hace pensar que el ganador estaba ya decidido.
La constructora formaba parte del consorcio Movi2, que junto con MovilWeb vió como su propuesta era desestimada y las licencias fueron adjudicadas a los otros cuatro solicitantes Telefónica Móviles, Amena, Airtel y Xfera.
Primeramente el Gobierno tuvo que bregar con la polémica suscitada ante la adjudicación mediante concesiones o por subasta, metodo utilizado por otros países. Y ya en febrero comenzaron a surgir las primeras hostilidades, cuando Jazztel, que formaba parte del consorcio MovilWeb, se hacía eco de irregularidades en la adjudicación de las licencias. Finalmente el punto álgido de la cuestión llegó una semana antes de la resolución del concurso. Y es que realmente la cosa no quedaba clara y dos días antes de la concesión de las licencias UMTS Fomento decidió cambiar los criterios de valoración de los aspirantes.
Este hecho levantó la suspicacia de Uni2 que levantó una demanda contra el Gobierno, pero la poca base de los argumentos que pretendían sostener la acusación no se consideraron lo suficientemente válidos, a ello se le añadía el hecho de que sólo pidiera la revisión de la licencia de Xfera, consorcio liderado por ACS (empresa presidida por Florentino Pérez) y participado por Vivendi-FCC, Mercapital, Sonera, Acesa, Mannesmann y Ahorro Corporación, y no de las otras tres operadoras adjudicatarias.
Teniendo en cuenta que el consorcio de Xfera quedó en cuarto lugar, muy lejos de Telefónica Móviles, Airtel y Amena y sin embargo a tan sólo 3,5 puntos de Movi2, no era de extrañar que la constructora Ferrovial pidiera ante la Audiencia Nacional una revisión en el proceso de adjudicación de las licencias. Esta empresa solicitaba que la Audiencia Nacional pidiera el expediente de las concesiones para conocer el baremo utilizado por el ministerio de Fomento y saber qué criterios de puntuación se utilizaron, y si realmente los cambios de última hora no favorecieron a Xfera en detrimento de MovilWeb.
El asunto tomó tintes más que sospechoso al ver cómo en verano, sólo unos meses después de la concesión de las licencias, el ex ministro de la anterior cartera de Fomento y responsable de la adjudicación, Rafel Arias Salgado, era nombrado presidente no ejecutivo de los centros comerciales Carrefour, grupo en el que Juan March, uno de los socios participantes de Xfera, participa con un 3,8 por ciento.
Todo este asunto ha provocado un retraso en la creación de la Red UMTS, que permite el acceso desde el móvil a Internet, ya que a espera de si el tribunal se decantaba por suspender el concurso las inversiones quedaron paralizadas por el momento, un claro ejemplo es el del principal accionista de Telefónica, el BBVA, que decidió no invertir en los negocios UMTS de la operadora.
