Reducir el gasto telefónico y aprovechar las ventajas de la liberalización de las telecomunicaciones ha llevado al Gobierno español a aprobar una nueva medida que pone fin al monopolio que Telefónica mantenía con la Administración en el servicio de telefonía.
Esta decisión permitirá a los gestores públicos contratar libremente sus servicios de telefonía, Internet y datos en función del precio, calidad y seguridad del servicio dando de esta forma entrada en la Administración a nuevos operadores de telecomunicaciones.
La nueva norma, que entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, regula los criterios de la fase previa a la adjudicación (licitación, ámbito de aplicación, objeto, características especiales del contrato) y los aspectos relativos a la ejecución del servicio (calidad, dirección del contrato, adaptaciones de seguridad) y al pago del precio.
La regulación afecta a los servicios de telefonía fija y móvil, Internet y otros servicios telemáticos e interactivos, alquiler de circuitos, servicios de transmisión de datos y comunicaciones corporativas.
Según el Ejecutivo, la medida se engloba dentro de las actuaciones del Gobierno encaminadas a adaptar las compras de la Administración General del Estado y sus organismos a la nueva situación generada en algunos mercados como consecuencia de su liberalización, como el eléctrico, telecomunicaciones, combustibles o energía.
