Contando con la presencia de Jesús Banegas, presidente de la Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y de Telecomunicaciones (ANIEL) y Javier Angelina, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios como notarios del acto de firma del documento, los consejeros delegados de las tres compañías de telefonía móvil en activo, Telefónica Móviles, Amena y Airtel, a las que se sumó Xfera, que prevé dar servicio a partir del cuarto trimestre del año, rubricaron ayer el Código de Autorregulación para el Despliegue de la red necesaria para el Servicio.
La creación de este código surge como respuesta al estado de opinión ante la proliferación de antenas y sus posibles efectos negativos sobre la salud humana, que obliga a las operadoras a adquirir el compromiso de autorregular sus actividades de despliegue de red, afirmó Banegas ante la falta de normativa definitiva por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El documento regulador tiene en cuenta los informes científicos disponibles a nivel nacional e internacional, así como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea, de modo que las operadoras asumen la Recomendación del Consejo de la UE, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos, que contiene unos límites de exposición recomendados a los ciudadanos y que se contemplan en el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se ha retrasado hasta mediados de septiembre.
Destaca el artículo 4, donde las operadoras se comprometen a no acometer nuevas instalaciones radioeléctricas o bien a modificar las existentes cuando su funcionamiento pudiera suponer que se superen los límites de exposición acordados y, el artículo 5, que señala la posibilidad de una compartición de emplazamientos cuando se constate una concentración de emisiones radioeléctricas por la ubicación de varias antenas en un mismo lugar.
Las operadoras de telefonía móvil también se comprometen a colaborar con las administraciones públicas, en particular con las locales, para establecer un protocolo de actuaciones que garantice que el despliegue de infraestructuras se sigue llevando a cabo con el máximo respeto a las normas urbanísticas y medioambientales. Asimismo, manifiestan su voluntad de diálogo para abordar soluciones en el seno de las organizaciones que la representan.
