La suspensión de pagos de la principal matriz de Aló, Redes y Servicios Liberalizados, (antes Aló), está levantando polémicas en el sector. Al margen de los problemas económicos que suponen para la compañía la propia suspensión de pagos, la operadora tiene que enfrentarse además con una lista de 972 acreedores, entre los que se encuentran Retevisión, Telefónica, Uni2, Jazztel y BT, empresas que reclaman a Aló una cantidad de 33 millones de euros en concepto de deuda.
Dentro de las telefónicas, el principal acreedor es Retevisión, con el que Aló tiene contraída una deuda de 9,85 millones de euros, seguido de Telefónica, con 7,5 millones. Asimismo, Jazztel reclama a 2 millones de euros mientras que BT exige la devolución de 274.585 euros.
El consejero delegado de Aló, Rivas Micoud, ha asegurado que las negociaciones con los acreedores marchan a buen ritmo y que la suspensión de pagos podría levantarse en tres meses.
En este sentido, y a la espera de que la suspensión de pagos se resuelva, algunos de los afectados ya han criticado la lentitud con la que se están moviendo los hilos legales y han demandado una mayor agilidad por parte de las autoridades competentes para evitar que la cuantía de la deuda aumente.
Por cuantía y consecuencias para el resto de operadoras, la suspensión de pagos de Aló es la tercera más importante que se produce en España, sólo superada por American Telecom y Vic Telehome.
