CC.OO., la Asociación de Internautas y Kriptópolis se reunieron con varios senadores de los principales partidos políticos para denunciar públicamente la intromisión, por parte de las empresas, en los correos personales de los trabajadores y debatir qué medidas hay que tomar para garantizar la privacidad de los e-mails.
La polémica se desató, en nuestro país, el pasado mes de noviembre cuando el Tribunal de Superior de Justicia de Cataluña revocó una sentencia donde se declaraba improcedente el despido de un empleado de Deutsche Bank por usar el e-mail de la empresa para fines personales.
En la reunión aclararon que el correo electrónico es un medio de comunicación más dentro de la empresa Como el teléfono, el fax o la valija interna, según palabras de María Jesús Paredes, sindicalista de CC.OO., por lo que el trabajador debe de gozar de las mismas garantías de uso que tiene con el resto de las tecnologías. Se trata de Conseguir que el derecho de los trabajadores a comunicarse entre sí y con el sindicato, a través del e-mail, sea una realidad y se produzca sin alterar los fines de la empresa, afirmó José María Fidalgo, Secretario General de CC.OO.
Por su parte, Félix Lavilla, senador por el PSOE, recordó que nuestras leyes contemplan desde hace tiempo el derecho a la privacidad de los e-mail El artículo 197 del Código Penal, por ejemplo, señala penas de uno a cuatro años de cárcel por atentar contra el correo privado o interceptarlo, lo que incluye al electrónico, la Constitución en su artículo 18 ampara el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y el Senado se pronunció también, en este sentido, el pasado 27 de diciembre de 1999 cuando publicó en el BOCG número 812 que El ordenador personal y el domicilio electrónico son inviolables. Se garantiza el secreto de las comunicaciones electrónicas y la privacidad de los datos, a su juicio el problema es convencer a las empresas de que la antiprivacidad del e-mail es tan ilegal como una escucha telefónica.
Más allá del campo de las leyes, el columnista de la publicación Kriptópolis y abogado experto en seguridad informática, Carlos Sánchez Almeida, apuntó como medida inmediata la necesidad de Usar un sistema de cifrado para proteger las comunicaciones.
Por otra parte, CC.OO. denunció que el mes pasado la dirección del banco BBVA impidió que un grupo de delegados llevara a cabo una acción sindical a través del correo electrónico de la entidad y el sindicato ha decidido llevar el caso a los juzgados.
