El Consejo de Ministros tras estudiar las diferentes vías que podía emplear el Gobierno para compensar la escasa recaudación obtenida (87.000 millones de pesetas/523 millones de euros) por la concesión de las cuatro licencias de telefonía móvil multimedia (UMTS), finalmente se ha decantado por un aumento de la tasa radioeléctrica que los operadores deben abonar anualmente y que, en contra de lo inicialmente previsto, se revisará cada año.
Este hecho se produce a un mes escaso de que Anna Birulés, ministra de Ciencia y Tecnología, afirmara en agosto pasado, en el acto de apertura del XIV Encuentro Anual de Telecomunicaciones de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, que la concesión de las licencias UMTS en nuestro país no tenían un objetivo puramente recaudatorio sino de desarrollo de la Sociedad de la Información, por lo que no pensaban introducir cantidades adicionales a las ya recaudadas. El Gobierno, consciente de que a estas alturas la modificación de las condiciones del concurso supondría entrar en una intensa batalla jurídica, ha decidido aumentar la tasa por el uso del espacio radioeléctrico hasta los 140.000 millones de pesetas (841,5 millones de euros) en el año 2001, en lugar de imponer un nuevo canon, como se barajó en un principio. De esta cantidad, los cuatro operadores de UMTS (Telefónica Móviles, Airtel, Amena y Xfera) tendrán que satisfacer un total de 100.000 millones (601 millones de euros) a razón de 25.000 millones (150,2 millones de euros) cada uno. Los otros 40.000 millones (240,40) los pagarán entre Telefónica Móviles y Airtel (16.000 millones de pesetas/96,2 millones de euros, respectivamente) y Amena (8.000 millones/48,1 millones de euros). Esta diferencia es debida a que tanto la filial de móviles como Airtel disponen de sendas licencias GSM para operar en las bandas de 900 y 1.800 MHz.
El recurso legal al que se acoge el Gobierno como a un clavo ardiendo para poder aplicar ese importante aumento es el artículo 73 de la Ley General de Telecomunicaciones, que permite la posibilidad de variar la tasa radioeléctrica. Por el momento, los operadores no se han pronunciado todavía, aunque todo hace indicar que podría presentarse algún recurso en contra de la decisión gubernamental.
