Esta decisión permitirá a los gestores públicos contratar libremente sus servicios de telefonía, Internet y datos en función de los parámetros de precio, calidad y seguridad del servicio ofertado, dando de esta forma entrada en la Administración a nuevos operadores de telecomunicaciones.
La nueva norma, que entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, regula los criterios de la fase previa a la adjudicación (licitación, ámbito de aplicación, objeto, características especiales del contrato) y los aspectos relativos a la ejecución del servicio (calidad, dirección del contrato, adaptaciones de seguridad) y al pago del precio.
La regulación afecta a los servicios de telefonía fija y móvil, Internet y otros servicios telemáticos e interactivos, alquiler de circuitos, servicios de transmisión de datos y comunicaciones corporativas.
Además, la nueva regulación establece que cada ministerio deberá elaborar un plan director de telecomunicaciones que debe proyectar las necesidades globales de servicios en un periodo de cinco años, así como las estrategias para su licitación, y estará sujeto a revisiones anuales que darán lugar a las adaptaciones oportunas.
Según el Ejecutivo, la medida se engloba dentro de las actuaciones del Gobierno encaminadas a adaptar las compras de la Administración General del Estado y sus organismos a la nueva situación generada en algunos mercados como consecuencia de su liberalización, como el eléctrico, telecomunicaciones, combustibles o energía.
