El asunto estalló a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocara, el pasado 14 de noviembre, una sentencia de un juzgado de lo Social de Barcelona que declaraba improcedente el despido de un empleado de Deutsche Bank por usar el e-mail de la empresa para fines personales. El acusado había enviado 140 mensajes de materia no laboral, en el plazo de mes y medio, desde el correo de su compañía.
Esta sentencia, que pone sobre la mesa el interrogante sobre si debe pesar más el derecho a la intimidad o la necesidad de las empresas a de ejercer un control sobre el correo electrónico de sus empleados, ha sido la más importante que se ha producido en España en esta materia.
El caso no sólo ha tenido repercusión en el ámbito jurídico, sino también en el político. El portavoz socialista de la Comisión de la Sociedad de la Información y el Conocimiento del Senado español, Félix Lavilla, presentó el mes pasado una moción para que el Gobierno asegure la intimidad e inviolabilidad de las comunicaciones por correo electrónico. El martes, 28 de noviembre, la Cámara Alta debatió el asunto. De momento, se ha acordado que el Gobierno, en un plazo máximo de tres meses, deberá presentar en el Senado un plan de medidas concretas que garantice, de manera eficaz, el derecho de los ciudadanos a la intimidad e inviolabilidad de sus comunicaciones a través del correo electrónico, tanto en el ámbito laboral como en el privado.
Para el grupo socialista, el derecho a la intimidad esta reconocido en el nuevo Código Penal, pero requiere de medidas para que estas garantías sean efectivas.
