La polémica comenzó el pasado mes de octubre de 2000 cuando el Ejecutivo decidió incrementar la tasa que deben pagar el conjunto de usuarios del espectro radioeléctrico hasta fijarla en un total de 160.000 millones de pesetas (961,6 millones de euros), de los cuales los operadores de telefonía móvil deberían abonar este año 140.000 millones de pesetas (841,4 millones de euros). Telefónica Móviles, Airtel y Amena pagan además por disponer de espectro para explotar la tecnología GSM.
Tan espectacular subida (se ha multiplicado por 32), motivada según muchos para intentar compensar la diferencia de ingresos obtenidas por el Gobierno español con las licencias UMTS frente a otros países, levantó ampollas entre las operadoras rápidamente.
Pese a que han sido numerosos los intentos de llegar a algún tipo de acuerdo con el ministerio de Ciencia y Tecnología y negociar su recorte, aplazamiento o compensación, al final no se ha producido el entendimiento y las operadoras han decidido presentar un recurso contra el incremento de la tasa.
Concretamente, Amena fue la primera en anunciar su decisión y recurrir la tasa frente al Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), dependiente del ministerio de Hacienda. El mismo camino seguían poco después las operadoras Airtel y Telefónica Móviles.
Este tribunal tiene hasta un año de plazo para resolver el recurso. De no atenderse la reclamación, las operadoras podrían acudir por vía judicial ordinaria pero el proceso se demoraría años.
Por su parte, Xfera ha elegido la vía del recurso de reposición ante la Secretaría General de Comunicaciones, a la que ha solicitado una reducción del 85 por ciento de la tasa, con lo que esta pasaría a pagar de 27.190 millones de pesetas (163,4 millones de euros) a 5.778 millones (34,7 millones de euros).
Los recursos presentados por las operadoras tienen tres bases de denuncia frente a la tasa defecto de forma, inconstitucionalidad y derecho comunitario.
Respecto a la inconstitucionalidad, las operadoras señalan que la tasa es arbitraria y caprichosa y que restringe el derecho de los ciudadanos a la llamada Sociedad de la Información porque dificultará la continuidad de las inversiones realizadas en redes y la tendencia a la baja de los precios aplicados al usuario final.
En el recurso se apunta también a que la tasa produce un trato discriminatorio al tiempo que infringe las directivas de la Comunidad Europea sobre competencia al establecerse la misma cuantía a todos los operadores sin tener en cuenta cuál es su posición en el mercado.
