La iniciativa, que ha contado con la opinión de las autoridades fiscales nacionales, está enmarcada en el ambicioso plan de la propia Comisión Europea que pretende alcanzar en 2012 una reducción de hasta un 25% en las cargas administrativas de las empresas en el ámbito de sus procesos de facturación. La Comisión Europea ha presentado esta propuesta, basada en las recomendaciones de PricewaterhouseCoopers, encaminada a promover el uso de la facturación y conservación electrónica de facturas, mediante la armonización y simplificación de las normas europeas en materia del IVA. Esto podría traducirse en un ahorro de unos 18.000 millones de euros para las empresas europeas. La encuesta se realizó entre 121 empresarios europeos sobre facturación electrónica. Entre las conclusiones se puso de manifiesto el reconocimiento de una mayor eficiencia e importantes ahorros gracias a este tipo de procedimientos, si bien identificaron numerosos obstáculos que aún hacen impracticable realizarla con total seguridad. Así, más de la mitad afirmó que, a pesar de emitir sus facturas por medios electrónicos, todavía conservan copias en soporte papel ante la incertidumbre sobre la validez del sistema. PricewaterhouseCooopers ha desarrollado, tras esta iniciativa, una serie de recomendaciones para armonizar la regulación actual e impulsar el cambio efectivo a la gestión electrónica de facturas. Por ejemplo, la total armonización en las regulaciones nacionales del IVA. Para PwC en operaciones transfronterizas se debería atender a la normativa del país donde se encuentra establecido el proveedor y desde donde se efectúa la entrega o se preste el servicio. Esto eliminaría en gran parte la incertidumbre de muchos operadores que, en la práctica, no saben a qué reglas en materia de facturación deben someterse cuando realizan operaciones de comercio exterior o deslocalizadas. Asimismo, se propone dar libertad a los operadores a la hora de seleccionar el lugar donde desean conservar sus facturas, sin más requisitos que garantizar la rápida accesibilidad a esta documentación. La subcontratación del proceso de conservación en el país elegido sería así también posible, algo muy demandado por los operadores en la actualidad. Del mismo modo, el texto de la Comisión Europea establece la exigencia, en determinados supuestos, de hacer referencia a la normativa nacional, a la directiva del IVA o al hecho de que la operación esté exenta, no sujeta o al amparo de la regla de inversión del sujeto pasivo. Finalmente, y de forma adicional, PricewaterhouseCoopers propone armonizar la fecha límite de expedición de las facturas y fijarla en los 15 días siguientes al devengo del impuesto. Asimismo se aboga por la armonización de la facturación a particulares entre los países miembros. En la actualidad existen países donde la factura completa es obligatoria, mientras que en otros, como España, se permite la expedición de tickets en determinados sectores y actividades. España es uno de los países pioneros en el impulso a la utilización de la factura electrónica, gracias a la normativa aprobada en el año 2007 sobre la materia, y en especial a la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información. Sin embargo, a pesar del desarrollo legislativo la utilización de la factura electrónica no está tan extendida como se pretendía en un principio. Las medidas recomendadas tanto por la consultora como por la iniciativa de la Comisión Europea podrían contribuir a ello.
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