A finales de mayo la Comisión Europea presentó una propuesta para la selección de proveedores de servicios móviles por satélite que estarán autorizados a utilizar la banda de 2 GHz. Y es que las licencias satelitales concedidas para emplear dicha banda de espectro concluirán en 2027. La idea de Europa, defendida también por España, es priorizar la mayor parte de esas frecuencias (dos tercios) para operadoras del viejo continente.
Ahora, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha publicado una consulta sobre la propuesta de Reglamento europeo que autorizará los proveedores que prestan servicios móviles por satélite (Mobile Satellite Service, MSS, o Servicio Móvil por Satélite,) en tal franja.
Ante la proliferación de constelaciones de órbita baja (los famosos LEO), la conectividad por satélite ha pasado a ser un elemento clave para la soberanía tecnológica europea, la seguridad y la defensa. De ahí el papel crucial de esta banda.
Prioridad para los europeos
En detalle, el texto presentado por la Comisión plantea que un tercio de la banda de 2 GHz se destine a uso gubernamental, como comunicaciones críticas, seguridad y aplicaciones militares, que prestaría un operador de la UE. Este operador deberá garantizar la integración con las capacidades actuales y futuras de IRIS².
Además, dos tercios de la banda de 2 GHz se destinarían a uso comercial, como servicios de conectividad satelital directa a dispositivos móviles (D2D), garantizando la cobertura móvil en lugares donde no hay redes terrestres disponibles. También podrá utilizarse para la Internet de las cosas.
La mitad de este espectro para uso comercial (un tercio del total) se reserva también para operadores europeos. El texto admite la posibilidad de que el mismo operador que obtenga la gestión de las frecuencias para comunicaciones seguras pueda también ofrecer los servicios comerciales.
En la actualidad, dos empresas estadounidenses tienen las licencias para el uso de las frecuencias de estas bandas, pero esos permisos expiran en mayo de 2027. La propuesta europea incluye, asimismo, una extensión de dos años para los derechos de los operadores actuales hasta 2029 con el fin de garantizar la continuidad del servicio hasta que se seleccionen nuevos proveedores.
